INSEGURIDAD

Sin antídoto para la furia

Imagen: Newsweek

¿Cuál es la salida cuando hasta el 95 por ciento de los jóvenes que cometen un delito reincide, y los institutos y cárceles sólo perpetúan la violencia?

Aunque siempre usa una gorra y una capucha encima, en el barrio lo conocen como el “Peladito”. Vive con su madre y con su tía en el barrio Altos de San Lorenzo, que, aunque tiene nombre de country, es un suburbio derrumbado de La Plata. Suele juntarse con los chicos del barrio en la esquina de 17 y 28 a fumar marihuana, tomar cerveza y aspirar nafta. Usa campera blanca rayada, zapatillas deportivas con resortes, jeans anchos y, casi siempre, una pistola disimulada en la cintura. La policía lo rebautizó “el Ángel”, porque tiene el pelo rubio y cara de buenito —sólo la cara—. Tiene 59 causas por robos calificados y hurtos, dos por intentos de homicidio y una por degollar a un remisero. Tiene 14 años. La tarde del martes 20 de octubre, estaba con otros tres chicos más en esa esquina, “jalando” nafta, cuando se les sumó Alan, un chico de 13 años al que solía burlar porque su padre es policía y porque, según su madre, “sólo fuma marihuana”. “¡Eh, ahí viene el hijo de la gorra!”, les dijo el “Peladito” a los otros chicos. En un momento, sin que hubieran discutido o peleado, lo mojó con la nafta que aspiraban y con un encendedor lo prendió fuego. Después le pegó una patada entre las piernas y le dijo riéndose: “Ahora apagate, gil”.

Alan terminó en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata con un 17 por ciento de su cuerpo quemado. “Va a estar internado por lo menos un mes más, hasta que se le curen algunas heridas y le hagan injertos de piel en otras”, cuenta a Newsweek Giselle Landaburu, la madre de Alan. “Estamos con miedo, con las ventanas y las persianas cerradas, porque este chico no tiene límites”, agrega.

El caso sirvió para instalar nuevamente en la agenda mediática el tema de la delincuencia juvenil. La pregunta es cómo se recupera a un joven como el “Peladito”, criado en un hogar destruido y en la marginalidad, que aspira nafta y a los 14 años ya tiene más de sesenta causas. Encerrarlo en una cárcel es terminar de convertirlo en un delincuente de extrema peligrosidad, dejarlo libre es arriesgarse a que vuelva a hacer eso que ya sabe hacer tan bien.

“Realmente no encuentro solución, porque son chicos que viven en hogares destruidos y en un contexto social contaminado”, se resigna Adalberto Agozino, doctor en Ciencia Política y director de la Maestría en Seguridad Pública del Instituto Universitario de la Policía Federal. “Por más que se los trate, en general estos individuos extremadamente violentos, como el ‘Peladito’, tienen una personalidad de tipo psicopática: son anómicos, no respetan las normas de la sociedad, para ellos el sufrimiento de la victima es hasta gracioso. Son incapaces de ponerse en el lugar del otro. Su destino, en el mejor de los casos, es que terminen entrando y saliendo de los establecimientos durante toda su vida”.

Para el diputado Emilio García Méndez, impulsor del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que al cierre de esta edición estaba a punto de ser tratado en el Senado, lo primero que hay que hacer es procesar a los jóvenes con todas las garantías del debido proceso, y después los servicios de educación de los institutos tienen que funcionar como si fueran escuelas. “No hay un tratamiento como si esto fuera una enfermedad misteriosa, se trata de utilizar este tiempo para restituir derechos”, dice.

Sin embargo, para los criminólogos, el problema no se soluciona con una ley. Agozino dice que, aunque desde 2005 el Ministerio del Interior no brinda cifras sobre inseguridad, en los 35 juzgados con causas con menores de la Provincia de Buenos Aires, cada juez tiene que ver unas 1.700 causas por año. “Si ya está desbordado el sistema, ampliar la edad de imputabilidad no soluciona el tema. Hace falta un plan integral de seguridad. Si no, se actúa de forma espasmódica y se trabaja a partir del último caso. Si el que cometió el crimen tenía libertad condicional, el tema es la libertad condicional. Y si el asesino es un menor, el tema son los menores”, asegura.

Unos meses antes, la estrella había sido el “Dani”, un chico de 14 años con un currículum desolador, que la noche del 15 de abril vació las nueve balas del cargador de su 9 milímetros en el cuerpo del camionero Daniel Capristo, en la puerta de su casa de Villa Alsina, cuando intentó robarle el auto a uno de sus hijos. El “Dani”, que vivía en una casilla en la Villa 21 y pertenecía a la pandilla “Los Pibes del Mástil”, era adicto al paco y a los 11 años ya había sido arrestado con un arma de guerra. Dani se crió entre la casa de su abuela y hogares de niños porque su madre tenía un historial de adicciones y no podía hacerse cargo de sus hijos.

Su historia se corresponde con el perfil modélico que traza el criminalista Raúl Torre de los chicos violentos. “La base social es siempre la misma: madre abandónica, padre ausente y falta de alimentación en los primeros meses de su vida”, detalla. Además, dice, manejan un lenguaje muy limitado de 200 ó 300 palabras, vienen de núcleos sociales “delincuenciales” y no tienen ningún horizonte en sus vidas. Agozino precisa algunos datos: “De acuerdo con las estadísticas oficiales, los hechos realizados por menores crecieron un 27,6 por ciento en los últimos nueve años. Y sobre 30.000 causas por delitos de menores, un 10 por ciento fue protagonizado por chicos de 9 a 13 años. Es interesante ver a qué sector social corresponde el grueso de estos menores: sólo un 3 por ciento contó con la asistencia de un abogado pago por la familia. Los menores delincuentes proceden de familias muy pobres: más del 60 por ciento tienen la primaria incompleta, un 14 comparte cama o colchón con algún miembro de la familia y el 65 vive en situación de hacinamiento”. Torre completa: “Yo siempre digo: tratemos de recuperar a los hijos y a los hermanitos de ellos, aunque sea; pero, por favor, ¡empecemos de una vez!”.

La respuesta espasmódica usual al reclamo de justicia suele ser plantear la baja de la edad de imputabilidad de los menores. “No le podemos decir a la sociedad que no tenemos respuesta frente a un menor que agarra un arma, mata y destroza a una familia como los Capristo”, declaró entonces el gobernador Daniel Scioli. Por esos días, García Méndez presentaba el proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil, que plantea un máximo de tres años de reclusión para chicos de entre 14 y 15 años y un máximo de 5 para los de 16 y 17. Pero el debate se desactivó antes de darse.

Los expertos señalan que los jóvenes con conductas violentas o delictivas suelen presentar dosis variables de desórdenes de comportamiento, personalidad antisocial, abuso de drogas y familias disfuncionales o ausentes. Y el abogado Claudio Stampalija, director del Centro de Prevención del Delito (Ceprede), de la Universidad de Belgrano, agrega como factores de riesgo la deserción escolar, el desempleo y la marginalidad, una cultura general de la violencia como forma de resolución de conflictos y la falta de sentido de la vida.

Pero la caracterización epidemiológica no es igual a una fórmula de diagnóstico. Y no existe un test infalible que permita detectar a un potencial delincuente o asesino antes de que ponga manos a la obra, o, mejor dicho, manos en el arma. “La conducta criminal o violenta es el resultado de una miríada de factores personales, familiares y sociales”, explica a Newsweek la doctora en psicología Kamela Scott, profesora de la Universidad de Florida, en Jacksonville, EE. UU. “Es imposible hacer la identificación mediante un único instrumento”.

Lo que sí funciona, sostiene Scott, es implementar un tratamiento sobre el joven una vez que cometió su primer delito, como quien apaga un foco incipiente antes de que se extienda un incendio. “La violencia adolescente no es sólo un problema legal, sino una epidemia de salud pública”, afirma la principal inspiradora de “Turning Point: Re-Thinking Violence” (TPRV), un programa que está en marcha en Jacksonville desde 1999 y fue replicado en otras cuatro ciudades de EE. UU. Tras seis años, el TPRV logró reducir la reincidencia delictiva al 5 por ciento, en comparación con el 33 por ciento de aquellos jóvenes que recibieron el trato convencional.
TPRV es un ejemplo de las “intervenciones de prevención terciaria”, que intentan reducir el riesgo de reincidencia una vez cometido el delito. El programa incluye un tour guiado de los jóvenes por un hospital en el que atienden a personas heridas durante hechos delictivos, paneles de discusión con familiares y amigos de víctimas, y cinco semanas de terapia de grupo orientada a controlar impulsos agresivos, levantar la autoestima y mitigar el abuso de drogas.

El talón de Aquiles del método es que requiere del compromiso activo y la participación de los padres. Y en la Argentina, nueve de cada diez chicos en institutos de rehabilitación provienen de familias disfuncionales. “Les podemos enseñar a los jóvenes estrategias para lidiar con los conflictos y la ira; pero si cuando vuelven encuentran el mismo ambiente enfermo de sus hogares, terminarán retornando a su forma anterior de pensar y comportarse”, reconoce Scott. Otra limitación es que el programa no está orientado a quienes cometan delitos tan graves como homicidios.

La abogada y criminóloga María Laura Böhm, miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), coincide en el valor de la intervención inmediata cuando un adolescente llama la atención con conductas delictivas. Dice que se puede acompañar al joven para que repare lo que rompió, que devuelva lo que robó, que dialogue con la víctima para confrontarlo con las consecuencias negativas de sus actos, o que se inscriba al colegio, entre otras medidas.
Pero lo que Böhm rechaza es la ampliación del régimen penal y que se recluya a chicos de 14 ó 15 años en centros de detención que, aunque sean especiales, no dejan de ser cárceles. “Salvo que quedaran encerrados de por vida, lo cual es inconstitucional, cuando salgan los jóvenes no serán precisamente más inofensivos que al entrar”, advierte.

De acuerdo con la especialista, que está haciendo su doctorado en Criminología en la Universidad de Hamburgo y trabaja como asistente de investigación en la Universidad de Göttingen (Alemania), encargarse de la seguridad de los habitantes no significa “más cárcel a los que delinquen”. El Estado, dice, debe ser responsable de que los habitantes vivan en forma más segura, y no sólo con relación al delito: también respecto a las fuentes de trabajo, el acceso a la educación y los centros de salud.

Según Claudio Stampalija, de la UB y ex miembro del directorio del Centro Internacional de Prevención de la Criminalidad, con sede en Montreal, “tanto los institutos de menores como las prisiones de adultos son ámbitos de reciclaje criminal”. El experto opina que la rehabilitación se vuelve muy difícil cuando un joven ingresa al círculo delictivo. Según un relevamiento del Ceprede, el 60 por ciento de los delitos en la Argentina es cometido por menores de 22 años. Y pueden tener cifras de reincidencia que van del 80 al 95 por ciento.

“Esto no implica que haya que abandonar este sistema penal, sino que hay que poner el foco en la prevención”, sostiene el experto. Desde hace dos meses, Stampalija coordina un programa en la ciudad rionegrina de Cipolletti que apunta a atacar la deserción escolar, capacitar laboralmente a los jóvenes, mejorar la formación de asistentes sociales y, en una fase posterior, promover el intercambio de armas de fuego por dinero o incluso trabajo.

Coincide García Méndez: “No hay un tratamiento que actúe como un rayo en alguna parte del cerebro. Hay que dedicar mucho más al apoyo familiar y comunitario que a la privación de libertad”, aunque cruzando la General Paz o tan sólo mirando las villas del sur de la Ciudad de Buenos Aires, esa afirmación parece sólo un eufemismo de cambiar el modelo económico y social de la Argentina y volver a incluir a toda esa gente que las distintas crisis empujaron fuera del sistema, lo que puede llevar 50 años. Por otra parte, los distintos proyectos no definen tratamientos efectivos para chicos con un historial de violencia, crímenes y drogadicción. “Cuando meten preso al ‘Peladito’, la madre va y hace un escándalo en la comisaría. Lo dejan libre y al día siguiente es igual”, lamenta Ricardo Pena, padre del chico al que quemó y oficial de la Policía Bonaerense.

Desde la noche del crimen, el “Dani” quedó alojado en un hogar de menores. La causa contra el “Peladito”, a cargo de la fiscal juvenil Mercedes Catani, es por lesiones graves, aunque los padres de Alan quieren cambiar la carátula a intento de homicidio. Por tratarse de un menor de edad, al igual que el resto de sus causas, ésta parece haber ido a parar a un oscuro limbo de indefinición. “El martes estuvo desde las 5 de la tarde hasta las 11 en la esquina de casa con otros chicos. Cuando pasaba me miraba y se reía”, cuenta Giselle, la madre de Alan. “Lo mandaron a un centro de rehabilitación en Olavarría y se escapó. Casi todos sus hermanos están presos, así que tenemos que esperar que cumpla 18 y lo puedan encarcelar”. En el mejor de los casos, el “Peladito” sobrevivirá hasta ser imputable y terminar preso en algún intento de robo. Giselle, en cambio, teme otro destino: “A mi hijo no lo mató de casualidad, pero en cualquier momento mata a alguien”.

Por Juan Morris y Matías Loewy

Fuente: Newsweek... Gracias Totales a ellos por el aporte... CGCRecordingSA®